El pais de Esperanza.

Por fraude electoral del curriculum político de Aguirre debería ser eliminado el cargo de presidenta regional.

Quiero hacer unas reflexiones sobre la actuación política de Esperanza Aguirre, todo un paradigma del nivel de degradación al que ha llegado la política española. Ha desempeñado diferentes cargos políticos: desde concejala del Ayuntamiento de Madrid, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Conviene hacer un poco de historia. En España somos muy olvidadizos. Dos diputados socialistas, Teresa Sáez y Eduardo Tamayo, 2 sinvergüenzas, al ausentarse en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid el 10 de junio de 2003, no votaron al socialista Simancas y así impidieron un Gobierno de izquierdas de coalición del PSOE e Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, lo que supuso la repetición de las elecciones, tras las cuales llegó Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El conocido como ‘Tamayazo’, uno de los casos más lamentables de perversión de la política. La mayoría de los medios de comunicación cargaron las tintas contra los diputados socialistas por haberse vendido. Mas es verdad de Perogrullo que si alguien se vende es porque alguien le ha comprado para sacar algún beneficio. Y aquí hubo algún beneficiado. Vaya que si lo hubo. Hay una explicación clara. Tras estas elecciones vino el Plan de Infraestructura Sanitarias (2004-2011) de alto impacto económico y cuyos adjudicatarios aparecen hoy en los papeles Bárcenas, la trama Gürtel (que también empezó a operar por esas fechas) o la concesión de las licencias para las televisiones locales (en 2004) que recayeron en sectores afines al PP y a Aguirre. Asimismo, Caja Madrid comenzó a virar en su estrategia y a convertirse en una caja especulativa que asumió grandes riesgos inmobiliarios y proyectos “estrellas” que posteriormente llevaron a la creación de Bankia, cuyo desenlace todos conocemos. Rápidamente hubo una carpetazo mediático sobre el Tamayazo, la comisión parlamentaria inoperante, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “en tiempo récord archivó una querella que hubiera abierto investigación interesante al respecto”.

Los españoles nos hemos visto y seguimos escandalizados, no sorprendidos, por la expansión de esa lacra indigna de la corrupción del caso Gürtel y Operación Púnica en numerosos alcaldes, concejales, diputados y otros cargos populares en la Comunidad de Madrid. Parece de sentido común que la máxima dirigente de los populares en esta comunidad tuviera alguna responsabilidad. Pues, no. No se enteraba de nada. Nos toma a los españoles por gilipollas. Todo ese aparato mediático trabajó a conciencia. Y doña Esperanza no solo no fue responsable de nada, todavía más, acabó siendo presentada como el adalid contra las prácticas corruptas. Es alucinante.

Quiero acabar con un aspecto que siempre me llamó poderosamente la atención, cual fue sus triunfos apabullantes en las diferentes citas electorales. De verdad, desde fuera de la comunidad me resultaba difícil de entender triunfos tan claros en las elecciones autonómicas de 2003, 2007 y 2011, prueba incuestionable de que la sociedad madrileña se estaba derechizando cada vez más. Según Mario Vargas Llosa, Esperanza Aguirre fue uno de los políticos que ha ganado más elecciones, y a la que dedicó un vergonzoso artículo, titulado, Aguirre, esa Juana de Arco liberal. Se lo recomiendo. De verdad, disfrutarán.

Según La Vanguardia, se acaba de descubrir que el PP en Madrid obtuvo ingresos de 5 millones de euros en negro destinados a tres procesos electorales. Así se desprende de la investigación judicial sobre la caja B del partido en la etapa de Esperanza Aguirre, intervenida con motivo de la operación Púnica por la Guardia Civil, en el registro practicado en el domicilio del que fuera su gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner.

Así se establece que el PP de Madrid destinó esos 5 millones a tres procesos electorales diferentes siendo en la campaña de 2007 cuando el partido alcanzó el cénit de su financiación ilegal. Unos comicios autonómicos en los que Esperanza Aguirre obtuvo el mayor porcentaje de votos en unas elecciones regionales en Madrid, con una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE. En aquellos comicios, según la caja B, el PP de Madrid gastó cerca de 3 millones en negro, mientras que declaró al Tribunal de Cuentas costes electorales por 2.7 millones. Por tanto, el gasto real fue de casi 6 millones de euros en 2007, al sumar el dinero ‘a’ y el ‘b’, y la formación conservadora concurrió “dopada” con “casi el doble” del límite del gasto establecido por el Tribunal de Cuentas para aquella convocatoria electoral.

Para las dos elecciones siguientes, las generales de 2008 y las autonómicas de 2011, las cantidades anotadas son significativamente menores. Poco más de 1 millón por cada campaña al que hay que sumar al dinero ‘a’ declarado al Tribunal de Cuentas. Así en 2011 fueron 3 millones en blanco, por lo que el gasto real ascendió a algo más de 4 millones de euros. Un descenso que parece deberse a la entrada en vigor en julio de 2007, justo después de las elecciones de aquel año, de la ley de financiación de partidos, que endureció el sistema de donaciones y aportaciones.

Al respecto resulta muy pertinente la intervención de Oscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid en la sesión del 27 de febrero de 2017 en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados. Señala entre los objetivos para conseguir una adecuada regulación legal de la financiación de los partidos, debería ser la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, y que la financiación pública también es el principal instrumento para garantizar este objetivo, pero debe ser estar repartida con arreglo a criterios equitativos. Y aquí es donde quizás el sistema español adolece de determinados defectos sobre todo si lo comparamos con las tendencias de otros países de nuestro entorno. Para garantizar la igualdad de oportunidades hay básicamente tres grandes medidas: una es desde luego una financiación pública repartida con criterios equitativos, y las otras dos son la limitación de las aportaciones privadas y la limitación férrea —incluso podría añadir ese adjetivo— de los gastos electorales. En cuanto a los límites de los ingresos privados hay dos cuestiones que, a mi juicio, todavía no están bien resueltas en la legislación española, que son las aportaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos y los préstamos bancarios, sobre todo en materia de transparencia. Aparte de estos problemas hay una realidad mucho más preocupante, y es que hoy en día tenemos una evidencia empírica apoyada en numerosas actuaciones judiciales de la existencia durante muchos años de donaciones ilegales, en una cuantía más que suficiente como para haber distorsionado la competición electoral en muchas ocasiones.

La conclusión es clara por lo expuesto, que en los diferentes procesos electorales que supusieron la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre hubo un claro y evidente fraude electoral. Lo que debería implicar que esos resultados fueron declarados nulos. Es decir, que debería ser eliminado de su currículum político el cargo de presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, con todos los privilegios honoríficos y económicos adscritos al desempeño de tal cargo. En un país auténticamente democrático así se haría.

Cándido Marquesán Millán

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