Una tendencia imparable

La remunicipalización es una oportunidad para llevar a la sociedad el debate sobre los servicios públicos.

La llegada a algunos ayuntamientos de las fuerzas políticas del «Común» ha puesto de moda la palabra «remunicipalización» (RM). Según Marc Vilar, el término debe ser delimitado con nitidez. La «remunicipalización» o, «reinternalización» es la actuación de un ayuntamiento para recuperar la gestión directa de servicios públicos, que se están prestando en su municipio de forma indirecta. La RM, pues, supone la existencia de un servicio previamente municipalizado, es decir, que ya tiene el carácter de «público» y que, por ello, ya se presta por el consistorio aunque de forma indirecta.

Un ayuntamiento si pretende cambiar la gestión de alguno de sus servicios públicos para asumirlos de forma directa debe someterse a una normativa. Se trata del artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Este precepto, tras la importante reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, exige en primer lugar que los servicios públicos de competencia local deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, tanto si se opta por la gestión directa o la indirecta; mas, lo cierto es que ha endurecido las condiciones para que los ayuntamientos puedan prestar por sí mismos los servicios públicos, lo que propicia su privatización.

Si los nuevos ayuntamientos pretenden la RM de algunos servicios públicos es porque los anteriores decidieron externalizarlos. ¿Por qué tales externalizaciones? Según José Luis Carretero, tras la crisis de los 70 el capital desarrolló unas estrategias básicas para su supervivencia en un contexto de resistencia obrera y de peligro a las tasas de ganancias en las actividades productivas, que habían sido la base del mayor ciclo de acumulación y crecimiento de la historia.

Las estrategias fueron la descentralización productiva y la flexibilización del trabajo, debilitando la resistencia obrera; la globalización y financiarización de la economía; y lo que el geógrafo británico David Harvey ha llamado la «acumulación por desposesión». La acumulación por desposesión es parte esencial del capitalismo. A la «acumulación originaria» Carlos Marx dedica en gran parte su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una vieja tradición liberal. Lo nuevo en el neoliberalismo ha sido que el capital se ha apropiado de muchos de los servicios, bienes comunes, que forman parte del Estado de bienestar y los ha convertido en yacimientos importantes de plusvalía. A tal fin se prestaron dócilmente gobiernos nacionales, regionales o locales de todo el espectro político. Los ayuntamientos convirtieron sus inversiones públicas en grandes nichos de mercado para el beneficio empresarial.

El resultado es que hoy buena parte de los servicios públicos urbanos están privatizados a través de subcontratas o externalizaciones –muchas veces de grandes empresas fuertemente financiarizadas y vinculadas con paraísos fiscales. Estas prácticas han ido acompañadas de un principio; la gestión privada es mejor, más eficiente y más barata. En absoluto. La gestión privada rebaja costes precarizando a los trabajadores o sacrificando la calidad del servicio. Y en muchos casos, los contratos han acabado siendo más caros que la gestión directa.

Los ayuntamientos «del cambio», son conscientes de su debilidad ante los obstáculos que han de sortear para llevar la RM. Se han de enfrentar a los poderosos lobbys que ahora gestionan estos servicios, protegidos con unos blindajes mediáticos, políticos y jurídicos muy difíciles de superar, ya mencionados. Además de la falta de apoyo de la sociedad.

Cuando lo hay, como el caso del agua en Barcelona, será más fácil. En otros, se trataría de generar un movimiento ciudadano favorable.

La RM es una buena oportunidad para llevar a la sociedad el debate sobre los servicios públicos, que afectan de pleno a los derechos sociales.

En Zaragoza algunos presentan la RM como una ocurrencia del Ayuntamiento del ZEC. En absoluto. Está en su programa. Por ello, resulta deprimente descalificarla con argumentos, como el del portavoz municipal del PP: “no estamos dispuestos con nuestros impuestos a que los zaragozanos seamos los «pagafantas» de sus amiguetes». ¡Qué nivel! O el de la CEOE zaragozana, presidida por un antiguo concejal del PP: «obedece a criterios ideológicos y no de eficiencia y sostenibilidad». ¿Privatizar no es ideología? ¿Es metafísica?

¿Todavía no se han enterado que la RM es una tendencia imparable a nivel mundial, europeo y español? Ayuntamientos como los de Berlín, Hamburgo, Londres, Atlanta, Indianápolis, París y hasta de 38 ciudades francesas han acometido la RM del agua. En París ha supuesto una disminución de un 8% en el precio de las tarifas. En Italia tras el triunfo del referéndum contra la privatización del agua en junio de 2011, el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris y su adjunto «delegado para los bienes comunes y la democracia participativa», Alberto Lucarelli, llevaron a cabo la RM de la gestión del agua. El Ayuntamiento de León en 2013 aprobó con los votos del PP y del PSOE el cambio de modelo de gestión privada a titularidad municipal del servicio de Limpieza Viaria y de Recogida de Basuras, y la subrogación de 224 plazas de trabajo.

Cándido Marquesán

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