“EL CASO JAMON”.

El titulo parece el de una película de Berlanga, cuyo protagonista fuera Fernando Esteso, pero no, es verdad, hay caso, y está en los juzgados.
No estoy muy puesto en el caso, pero esto se pone interesante. Es el colmo, que los de Teruel salgamos por las noticias por habernos comido un jamón que no teníamos que haber ni probado. Allá donde algunos meten la mano, nunca mejor dicho, solo dejan el garrón, y si no les gusta la sopa, que si no, ni eso.
Teruel, ese lugar en el que nunca pasa nada, que se va despoblando y muriendo poco a poco, que nadie lo tiene en cuenta, y ahora nos salen con estas.
Parece que algunos de nuestros políticos y sus amigos se han comido el jamón, eso sí, todos junticos y ahora el juez va imputando uno tras otro a todos los que firmaron las subvenciones de la Denominación de Origen. Ahora alguno dirá que él no estaba, que no sabía nada, que el pasaba por allí y firmo por puro formalismo, que él no se beneficio. Pero pertenecía a los que cobran de la Diputación de Teruel y cobraba por eso, por enterarse, por defender la limpieza y los dineros de los impuestos de los ciudadanos.
No llegara el agua al río, aunque la verdad, seria esperanzador que se aclarara todo y ver a los que han comido y a los que no. De momento la cosa se está investigando y alguno ya ha tenido que dimitir por imputación, veremos como sigue. Los ciudadanos, algunos, nos alegramos de que de vez en cuando algún juez meta mano a estas cosas que tienen, por quien las hace, aparente impunidad.
Aunque sea un poco largo así nos lo contaban y nos lo cuentan los dos periódicos de más tirada en Aragón.
El juez cree que el anterior consejo del Jamón de Teruel creó una empresa para “generar sobresueldos”
En Heraldo de Aragón según Efe. Teruel 15/09/2015
El magistrado detecta numerosas irregularidades contables y cree que Promorigen S.L se fundó para “generar sobresueldos” y eludir el control legal.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 deTeruel detecta numerosas irregularidades contables en la gestión delConsejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel de 2009 a 2013 y cree que se creó una empresa para “generar sobresueldos” y eludir el control legal.

En un auto en el que deniega la petición de sobreseimiento y archivo de la imputación a una de las vocales del consejo, el juez considera que la creación de la empresa Promorigen S.L. se realizó para descapitalizar desde el punto de vista financiero al CRDO, ya que todas las pérdidas de Promorigen que le provocaron tener patrimonio neto negativo fueron repuestas por el CRDO con dinero efectivo.

Así, el juez asegura en el texto que la nueva empresa “fue creada para generar sobresueldos, descapitalizar al CRDO y eludir su control mediante la figura del consejero delegado”.

En ese sentido, añade el juez, el consejero manifestó en sede judicial que “ni tan siquiera sabía cuáles eran las funciones que le habían sido encomendadas”.

Reprocha el juez a los miembros del Consejo de Administración de Promorigen que no hicieran nada, ya que al ser cien por cien del capital social del consejo de la denominación de origen, “existe una responsabilidad de tutela y buen gobierno”.

Del informe pericial deduce también que “no había ingresos suficientes para las actividades que hacían” y además eso se acompañaba de “exceso de gastos por encima de lo normal” o incluso “gastos inflados”.

Con este término, aclara el auto, se hace referencia a “la manifiesta corruptela instaurada en el seno del CRDO y de Promorigen, plasmada en sobresueldos y donativos”.
De este modo define el juez un “exceso de gastos por encima de lo que una administración razonable hubiera gastado”.

Detalla la existencia de gastos que no están “adecuadamente soportados”, como adelantos de nóminas para el gerente, facturas de combustible sin justificar, arreglos de vehículos que no eran propiedad del CRDO, lotes de regalos, cursos de inglés o informática, retirada de efectivo por parte del gerente de hasta 28.283 euros sin justificar, comidas y alojamientos.

También se detalla el pago de multas y sanciones de tráfico impuestas a sus empleados, que el Consejo y Promorigen abonaban sin que posteriormente repercutiera a los causantes de las mismas.

Asegura que faltan autorizaciones del pleno por gastos que superaban el 2% del presupuesto, tal y como era preceptivo, y también constata que se contravino la legalidad al denegar a los vocales el acceso a documentación.

De ello responsabiliza al presidente, vicepresidente, director gerente y demás vocales que “habitualmente entregaban la documentación tarde y mal”.

Hubo un déficit, añade, en el control interno del área de compras-gastos ejercido por los órganos de administración del CRDO y de Promorigen.

En todo ello tiene responsabilidad la gestoría que debía realizar el asesoramiento fiscal y laboral, recoge el auto.

“Existe un claro y manifiesto déficit de control interno”, sentencia el juez, entre otras cosas por la “opacidad del gasto”, además de que existía y era “frecuente una reiterada manipulación y distorsión de la información contable”.

Avisa el juez de que la instrucción no está finalizada, ya que se halla pendiente de ampliación del informe pericial sobre las subvenciones remitidas al CRDO por parte del Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Caja Rural de Teruel y el Instituto Aragonés de Fomento.

En El Periódico de Aragón. M. VALLÉS / L. M. GABÁS 18/11/2015.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel emitió con fecha de ayer una providencia en la que imputa por prevaricación y malversación de caudales públicos a la socialista Julia Vicente y al aragonesista Inocencio Martínez. Ambos eran vicepresidentes de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) cuando se concedieron la subvenciones al consejo de regulación de la denominación de origen Jamón de Teruel, que ahora se está investigando en el caso del jamón.
En el escrito judicial se añade que también serán citados a declarar como imputados todos los diputados provinciales que votaron a favor de la concesión de esa ayuda. Es decir, el plenario completo, puesto que la subvención se aprobó por unanimidad. Mientras esto ocurre, el juez, Jerónimo Cano, cita a declarar como encartado, este próximo jueves, a Inocencio Martínez, y el viernes a Julia Vicente. Ambos comparecerán por ostentar entonces las vicepresidencias primera y segunda de la DPT. La tercera, Ana Belén Andreu (PAR) no es llamada por el juez.
La imputación de Julia Vicente supuso ayer un auténtico terremoto en las filas socialistas. Es la tercera. Primero fue Antonio Arrufat, ya dimitido, luego –por otro caso– José Ramón Ibáñez, y ahora le toca a la que fuera vicepresidenta. Su caso es especialmente significativo porque además de alcaldesa de Alcorisa es secretaria de la Mesa de las Cortes, y por lo tanto aforada, por lo que solo puede declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Fuentes socialistas calificaron ayer la citación como “irregular”, al considerar que el juez turolense no tiene postestad para actuar sobre ella. Podemos dijo que debería de ser apartada de sus funciones en todos sus cargos.
Inocencio Martínez, por su parte, ya no ostenta cargo público alguno, aunque en los últimos años ha sido uno de los principales dirigentes del PAR en la provincia de Teruel. En la pasada legislatura, por ejemplo, fue presidente de la Comarca Sierra de Albarracín. Fue edil en el consistorio turolense, senador por Teruel y diputado a Cortes de Aragón en la V legislatura.
EL RESTO DEL PLENARIO. En la providencia resulta también llamativa la referencia que el juez hace a la posibilidad de imputar al resto de miembros del pleno de la DPT. Lo hace, según consta en el texto, para evitar “agravios comparativos” con los imputados anteriormente, como es el caso de Antonio Arrufat. A falta de fecha, todo apunta que todos ellos terminarán pasando por el juzgado número 3 de Teruel como el llamado caso del jamón. De ser así, todos los partidos resultarán salpicados, puesto que en la corporación había representantes de todas las formaciones: PSOE, PP, PAR, CHA e IU.
Por el PSOE eran diputados: Antonio Arrufat, Julia Vicente, Pedro Castellano, Antonio Andrés Deocón, Francisco Javier Báguena, Federico Serrano, Francisco Vilar, Rafael Martí, Ana María Sales y Lucía Gómez. Por el PAR, Inocencio Martínez, Francisco Abril, Ana Belén Andreu, Ismael Brenchat y Joaquín Francisco Moreno. Por el PP, Luis Carlos Marquesán, Carlos Clavero, Fernando Galve, José España, Álvaro Casas, Jesús Domínguez, Emma Buj y Francisco Narro. Por IU, Ana Cristina Pérez, y por CHA, José Navarro.
Veremos en qué queda el jamón, si lo devuelven o como tantas y tantas veces a los ciudadanos nos endiñan el garrón.
Pascual Ferrer Mirasol

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Un comentario en ““EL CASO JAMON”.

  1. El fiscal del «caso del jamón» recula: pide que no se investigue en bloque a los exdiputados de Teruel.
    El juez ha levantado la imputación contra los exvicepresidentes de Teruel horas después de haberles citado a declarar.

    Fuente.- ABC Aragon. R. P.Zaragoza – 18/11/2015

    El fiscal del «caso del jamón» ha reculado de forma drástica y en cuestión de horas: ha pedido que no se investigue en bloque a los 25 diputados provinciales que conformaban la Diputación de Teruel en los años 2010 y 2011, cuando se concedieron dos subvenciones que a su juicio fueron presuntamente irregulares en favor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
    El «caso del jamón» investiga las supuestas anomalías económicas, con consecuencias penales, que se produjeron en ese Consejo Regulador años atrás. Por esta causa ya hay una larga lista de imputados, fundamentalmente antiguos miembros de los órganos directivos de esa denominación de origen.
    En el transcurso de las diligencias judiciales abiertas mientras se instruye el caso, la investigación ha acabado salpicando a cargos públicos de la Diputación de Teruel (DPT) en 2010 y 2011. El fiscal entiende que se concedieron en aquellos años dos subvenciones de la Corporación provincial en favor del Consejo Regulador que fueron anómalas y de las que se desprenderían responsabilidades penales por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
    Por esto ya figuran imputados el que por entonces era presidente de la Diputación de Teruel, Antonio Arrufat, cuya imputación le costó hace escasos días el cargo que ocupaba actualmente como delegado del Gobierno de Aragón en Teruel. Podemos presionó al PSOE para hacer valer el pacto de investidura firmado a finales de junio para permitir que el socialista Javier Lambán se convirtiera en presidente de Aragón. Dicho acuerdo establece que deben ser apartados de su cargo político quienes estén imputados.
    También figura en esa misma situación judicial el ex diputado provincial Francisco Abril (PAR).
    Como dichas subvenciones fueron votadas unánimemente por el pleno de la DPT, el fiscal entendía hasta ayer que las responsabilidades eran extensibles a todos los que por entonces eran diputados provinciales. Los había del PSOE, del PAR, del PP, de CHA y de IU.
    Siguiendo con esta tesis del fiscal, el juez que instruye el caso, Jerónimo Cano de Lasala, citó a declarar como imputados a los exvicepresidentes de la DPT Julia Vicente (PSOE) –ahora diputada regional y secretaria de la Mesa de las Cortes de Aragón– e Inocencio Martínez (PAR).
    La citación se conoció este martes y desencadenó un revuelo político por dar una vuelta de tuerca más a la comprometida situación del PSOE ante Podemos, que pidió también que fuera apartada de su actual cargo la socialista Julia Vicente. Además, el juez –también en sintonía con los solicitado por el fiscal– anunció que iban a ser llamados a declarar como imputados, progresivamente, el resto de los que eran diputados provinciales en Teruel en 2010 y 2011.
    Sin embargo, de forma sorpresiva y apenas 24 horas después de que se hubieran conocido estas nuevas imputaciones, el fiscal del «caso del jamón» ha dado marcha atrás y este miércoles pidió al juez que quedaran libre de investigación tanto Julia Vicente como Inocencio Martínez, y que tampoco llame a declarar como acusados el resto de quienes eran diputados provinciales en Teruel en aquellos años. Caso distinto es el de Antonio Arrufat y Francisco Abril, para los que no se han levantado las imputaciones que pesan sobre ellos.
    Ante esta nueva postura adoptada por la Fiscalía, el juez decidió de inmediato que la socialista Julia Vicente y el aragonesista Inocencio Martínez ya no tendrían que acudir a declarar, que han dejado de estar investigados y que queda sin efecto la citación que poco antes les había llegado.

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